La Controversia Sobre la Seguridad del Exministro Enrique Degenhart: 42 Policías a Su Servicio
El exministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, vuelve a ser el centro de atención tras solicitar que el Estado le mantenga 42 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para su protección personal. Este esquema de seguridad ha generado polémica al revelarse que la cantidad de oficiales solicitados podría ser suficiente para proteger a dos municipios completos.
El Contexto de la Petición de Seguridad
Degenhart, quien dirigió el Ministerio de Gobernación durante el gobierno de Jimmy Morales, argumenta que su vida corre riesgo debido a su antiguo cargo, citando un ataque sufrido en 2011 donde recibió múltiples disparos. A pesar de esto, el Ministerio de Gobernación (Mingob) redujo el número de agentes asignados en julio de 2024, dejando únicamente seguridad para el perímetro de su residencia.
El exministro asegura no haber sido notificado sobre estos cambios y se muestra crítico de las decisiones de las actuales autoridades, quienes le han pedido participar en un nuevo análisis de riesgo, algo que, hasta ahora, no ha realizado.
Comparaciones que Generan Críticas
La solicitud de Degenhart contrasta con las cifras de seguridad pública en Guatemala. Actualmente, 24 agentes de la PNC son asignados para proteger a un promedio de 10,000 ciudadanos, destacando la escasez de recursos frente a las necesidades de la población.
Además, el Mingob realizó una reestructuración significativa en 2024, retirando la protección a 17 diputados y asignando los agentes nuevamente a comisarías para reforzar la seguridad pública. Este precedente ha incrementado las críticas hacia la solicitud del exministro, considerada por algunos como un privilegio desproporcionado.
Seguridad Estatal y los Exfuncionarios Públicos
Según las leyes guatemaltecas, los exministros del Interior pueden contar con protección estatal por un período de cinco años después de abandonar el cargo. Sin embargo, este beneficio no es automático y depende de un análisis de riesgo que determine la necesidad real de seguridad.
El caso de Degenhart se suma al debate sobre el uso de recursos públicos en un país donde la seguridad es una prioridad nacional. Organizaciones de la sociedad civil han pedido transparencia y rendición de cuentas sobre los criterios utilizados para asignar seguridad a exfuncionarios.
Un Intento Fallido de Regreso Político
Enrique Degenhart también buscó volver al escenario político al postularse como diputado por el distrito central en las elecciones generales de 2023 bajo la coalición Valor-Unionista. Sin embargo, no logró obtener los votos necesarios para ocupar un curul. Este intento de regresar a la política ha sido utilizado por críticos para cuestionar sus motivos al buscar mantener un esquema de seguridad tan amplio.
Polémica por el Uso de Recursos Públicos
La solicitud de Degenhart ha generado un debate nacional sobre el uso de recursos públicos en la seguridad personal de exfuncionarios. Algunos sectores consideran que estos recursos podrían ser mejor utilizados para reforzar la seguridad en comunidades vulnerables, mientras que otros argumentan que exministros de Gobernación enfrentan riesgos mayores debido a sus decisiones durante el cargo.
El Retiro de Seguridad a Otros Exfuncionarios
En 2024, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo implementó una revisión exhaustiva de los esquemas de seguridad asignados a exfuncionarios y diputados. Como resultado, 17 parlamentarios perdieron su protección estatal, incluyendo figuras destacadas del Congreso y Parlacen.
El Mingob justificó esta medida alegando que los beneficios otorgados en administraciones anteriores fueron aprobados sin un análisis de riesgo adecuado. Los 61 agentes retirados fueron reasignados a comisarías locales para fortalecer la seguridad pública.
El caso de Enrique Degenhart pone de relieve un tema de interés nacional: el equilibrio entre la protección de exfuncionarios y la seguridad pública general. Mientras algunos defienden la necesidad de proteger a quienes han ocupado altos cargos, otros insisten en que los recursos deben priorizar a la población más vulnerable.
La controversia también subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación de recursos públicos. Con un sistema de seguridad que enfrenta desafíos significativos, las decisiones sobre estos temas seguirán siendo motivo de debate en Guatemala.
