¿Una jubilación anticipada? Diputados proponen reducir la edad de retiro en Guatemala
En un intento por reformar el sistema de pensiones en Guatemala, un grupo de diputados ha presentado una iniciativa para reducir la edad de jubilación de 60 a 45 años. Esta medida, liderada por el congresista Julio Portillo, busca facilitar el acceso a una pensión más temprana para los trabajadores guatemaltecos, argumentando que la realidad económica y laboral del país justifica la modificación.
Sin embargo, la propuesta ha generado un intenso debate en el Congreso, ya que su viabilidad financiera está en duda. Durante la discusión con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas, se evidenció que el sistema de pensiones enfrenta un desafío considerable debido a la creciente deuda estatal, que asciende a 74,000 millones de quetzales.
Impacto económico y sostenibilidad del sistema, la preocupación del IGSS
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de aprobar esta iniciativa. Actualmente, el sistema de pensiones se encuentra bajo presión debido a la falta de liquidez y al incumplimiento del Estado en la asignación de fondos. Reducir la edad de jubilación podría agravar la situación, aumentando la cantidad de pensionados sin contar con los recursos necesarios para sostener los pagos.
Desde el Ministerio de Finanzas se advierte que esta reforma podría representar una carga adicional para el presupuesto nacional. La deuda de 74,000 millones de quetzales compromete la estabilidad financiera del país, lo que dificulta destinar fondos adicionales para garantizar las pensiones de un mayor número de jubilados.
Argumentos a favor de la reforma, mejora en la calidad de vida
Los defensores de la iniciativa argumentan que muchas personas en Guatemala trabajan en condiciones precarias, lo que afecta su salud y bienestar antes de llegar a la edad de jubilación actual. Reducir la edad de retiro permitiría que los ciudadanos disfruten de un descanso merecido y accedan a sus beneficios cuando todavía pueden aprovecharlos.
#LaRedInforma | Diputado Portillo propone modificar la ley del IGSS para que los trabajadores guatemaltecos puedan acceder a su jubilación a una edad más temprana. pic.twitter.com/45BXPifE2q
— La Red (@Lared1061) February 19, 2025
Generación de oportunidades laborales
Otro de los argumentos a favor de la reforma es que facilitar la jubilación podría abrir espacios en el mercado laboral para nuevas generaciones. En un país donde el desempleo juvenil es una preocupación creciente, la medida podría contribuir a renovar la fuerza laboral y ofrecer oportunidades a quienes buscan ingresar al mundo del trabajo.
Obstáculos y desafíos de la propuesta, falta de fondos
Uno de los principales obstáculos para la aprobación de esta reforma es la falta de recursos para financiarla. La deuda del IGSS y la insuficiencia de aportes hacen que sea complicado sostener un sistema de jubilación con una edad de retiro más baja sin afectar la estabilidad financiera del país.
En El Congreso de la República se trabaja una iniciativa de ley, la cual busca que el seguro social jubile a las personas antes de los 60 años. pic.twitter.com/tpNwpLsYPI
— Noti7 (@Noti7Guatemala) February 20, 2025
Expertos en economía y seguridad social señalan que, a nivel mundial, la tendencia ha sido aumentar la edad de jubilación debido al incremento en la expectativa de vida. En Guatemala, reducir la edad podría generar un desbalance en el sistema, con más personas recibiendo pensiones por un período prolongado y menos trabajadores activos contribuyendo al fondo de pensiones.
La propuesta de reducir la edad de jubilación en Guatemala de 60 a 45 años es un tema que genera opiniones divididas. Si bien la medida podría mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar el empleo juvenil, los desafíos financieros y la sostenibilidad del sistema de pensiones presentan serias limitaciones para su implementación.
El Congreso de Guatemala enfrenta ahora el reto de evaluar los beneficios y riesgos de esta iniciativa, asegurando que cualquier decisión tomada garantice el bienestar de los ciudadanos sin comprometer la estabilidad económica del país. En los próximos meses, el debate continuará y será clave observar cómo las autoridades buscan un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la viabilidad financiera del sistema de pensiones.
